El presidente, Gustavo Petro, denunció una presunta ruptura institucional para sacarlo del poder y volvió a acusar a la Fiscalía de querer investigarlo, por lo que llamó a la movilización popular en su apoyo.
El mandatario señaló que «hay una seria ruptura constitucional cuando la Fiscalía investiga al Presidente de la República», según un extenso mensaje publicado en la red social X.
«Han decidido la ruptura institucional. Como Presidente de la República debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la Fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia», dijo el mandatario.
Esta no es la primera vez que Petro habla de que lo quieren sacar de la Presidencia, pues ya lo hizo en varias ocasiones el mes pasado, como cuando comentó un registro judicial que la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia hicieron a la sede de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) en Bogotá.
Ese allanamiento se hizo como parte de una investigación por la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de Petro. La investigación se basa en el supuesto aporte de 500 millones de pesos (unos 127.000 dólares) que hizo ese sindicato a la campaña de Petro y que no fue reportado a la autoridad electoral, como lo ordena la ley.
En ese sentido, Petro aseguró este viernes que «se han allanado sindicatos, se ha torturado y se ha usado presiones sobre testigos para que se acuse al Presidente y no han tenido éxito». «Desesperadamente sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la Fiscalía buscan la salida del presidente del cargo elegido por el pueblo», añadió.
Al respecto, el presidente del Senado, Iván Name Vásquez, expresó su sorpresa «por la declaración del señor Presidente de la República sugiriendo un llamado a la confrontación civil».
«Todas las expresiones y denuncias en relación con las interpretaciones de los hechos judiciales o políticos que se registran en nuestro país son válidas y necesarias dentro de nuestro sistema democrático», dijo Name en un mensaje en su cuenta de X.
Sin embargo, aclaró el senador, «la respuesta no puede ser el llamado al quebrantamiento de la institucionalidad como mecanismo para resolver nuestros conflictos. Todo desafío a nuestras instituciones democráticas debe ser repudiado dentro del marco de la Constitución y la ley».
El presidente también usó como argumento de la supuesta persecución la suspensión por tres meses del cargo de su canciller, Álvaro Leyva, ordenada el pasado 24 de enero por la Procuraduría, que investiga posibles irregularidades en la licitación de un contrato para la fabricación de pasaportes.
«He escuchado a juristas destacados hablando de ruptura institucional en el caso del Canciller de la República, primero en la historia en ser suspendido», escribió Petro. En su opinión «esta ruptura institucional ha llegado al máximo desespero» y sus opositores buscarán «no solo suspender el Canciller de la República, sino procesar penalmente al presidente de Ecopetrol y al Superintendente de Servicios Públicos por haber sido presidente del partido Colombia Humana», creado por el hoy mandatario.
Pese a la suspensión ordenada por la Procuraduría, Leyva ha continuado en ejercicio de sus funciones como Canciller, lo que ha provocado más críticas a Petro por ignorar un fallo de un organismo administrativo.
Las declaraciones del jefe de Estado se producen en medio de un fuerte enfrentamiento político con el fiscal general, Francisco Barbosa, en el que frecuentemente se acusan mutuamente de violar la ley. La disputa tiene un trasfondo ideológico porque a Barbosa, cercano al expresidente Iván Duque (2018-2022), sus críticos lo acusan de poner la Fiscalía al servicio de intereses políticos para perseguir a personas afines al Gobierno mientras se hace la vista gorda con casos que involucran a políticos de derecha.
De hecho, ha nombrado cinco fiscales diferentes para que soliciten la preclusión por una supuesta falta de pruebas del proceso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, algo que no ha podido lograr ante la justicia. Sin embargo con ello ha logrado alargar el proceso.
De otro lado hay quienes consideran que Petro, que en agosto cumplirá dos años en el poder, busca interferir en la independencia del Poder Judicial ya que su propio hijo, el primogénito Nicolás Petro Burgos, está investigado por la Fiscalía por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, delitos que salpican su campaña presidencial.
Al respecto, el Presidente afirmó que la Fiscalía pedirá su «juicio político sin ocultar que ha hecho investigación inconstitucional en mi contra buscando el triunfo que el pueblo no les otorgó». «Aquí no se puede tumbar un Presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda. Llegó el momento de la expresión popular», concluyó Petro.