Por medio de un decreto suscrito por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se han revocado todas las condecoraciones otorgadas al general retirado Jesús Armando Arias Cabrales, quien fue condenado a 35 años de prisión por su participación en la desaparición de un grupo de civiles durante la operación de recuperación del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985.
Esta acción responde a la solicitud presentada por Helena Urán Bidegain, hija del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en el primer piso del Palacio de Justicia al concluir la operación de recuperación. Los familiares de Urán sostienen que existen pruebas suficientes para inferir que el magistrado salió con vida del edificio, acompañado por un grupo de militares, y posteriormente fue ejecutado.
En noviembre pasado, Estados Unidos prohibió la entrada al país al general retirado y a su familia, argumentando que participó en «una grave violación de los derechos humanos» y, en consecuencia, fue condenado.
Además de Arias Cabrales, su esposa Martha Paulina Isaza de Arias y sus hijos, Francisco Armando Arias Isaza y Martha Lucia Arias Isaza, fueron incluidos en la lista negra de Estados Unidos. En un comunicado, el Departamento de Estado expresó su firme apoyo al acuerdo de paz de 2016 en Colombia y felicitó al país por su séptimo aniversario.
En marzo de 2023, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expulsó al general Arias Cabrales por violar el régimen de condicionalidad establecido para todos los comparecientes. La decisión señaló que en sus intervenciones públicas, el excomandante continuó negando los hechos investigados y omitió su participación directa en el caso de los desaparecidos.
La Sala afirmó que Arias Cabrales desconoció la razón de ser de la construcción de la verdad en la JEP y pasó por alto que la justicia ordinaria ya lo condenó como coautor de la conducta de desaparición forzada. A pesar de las advertencias durante la diligencia judicial de enero pasado, el general revivió asuntos que no estaban en discusión.
En su decisión, la Sala encontró que el compareciente no proporcionó información sobre el alistamiento y la reacción inmediata del Ejército para repeler las acciones del extinto grupo guerrillero M-19, que tomó por las armas la sede del Palacio de Justicia de Bogotá. Además, Arias Cabrales negó su control sobre los comandantes de las unidades bajo su cargo durante los eventos del 6 y 7 de noviembre de 1985.
El general retirado Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército, criticó la decisión del Gobierno Petro de retirarle las condecoraciones a Arias Cabrales, señalando que están gobernando con odio y rencor. La senadora María Fernanda Cabal también cuestionó la medida, argumentando que estamos en un gobierno de venganza que retira las condecoraciones a pesar de las restricciones morales y legales establecidas por la Constitución Política de Colombia.