“Basados en el monitoreo hecho por nuestro Sistema de Alertas Tempranas, evidenciamos un incremento en la presencia e injerencia de grupos armados al margen de la ley y bandas criminales en varias poblaciones del país. Es el caso de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, grupo que en el 2022 tenía presencia en 253 pueblos, sin embargo, hoy delinque en 392 municipios de 24 departamentos”, señala el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El Ejército de Liberación Nacional (Eln), en el 2022 tenía injerencia en 189 municipios, pero durante el 2023 su presencia se extendió a 231 de 19 departamentos. Para el caso del Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, dos grupos disidentes de las Farc, en 230 poblaciones en el 2022, y al año siguiente pasaron a tener intromisión en 299; el primero en 19 departamentos y el segundo en 15.
Las estructuras del crimen organizado hacían presencia en 141 municipios hace dos años, no obstante, en el 2023 su presencia se amplió a 184 pueblos de 22 departamentos.
Preocupa también a la Defensoría del Pueblo que, frente a la realidad de inseguridad que están padeciendo las comunidades de las zonas más apartadas, no sean atendidas las recomendaciones formuladas por su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ya que de 205 informes de seguimiento emitidos, solo en el 1% se ha podido concluir que el escenario de riesgo fue mitigado. En el 65% de los casos, el escenario ha tendido a agravarse, y en el 32%, el escenario de riesgo aún se mantiene.
“Hacemos un llamado a las entidades del Gobierno Nacional para que den respuesta de manera preventiva y proactiva al aumento de las conductas vulneratorias de derechos humanos de los grupos armados al margen de la ley, y recuperen, con el concurso de las Fuerzas Militares y de Policía, la seguridad en todo el territorio nacional, aspecto fundamental que también contribuye a la consolidación de la paz”, enfatiza el Defensor del Pueblo.
Camargo Assis, adicionalmente, afirma con contundencia que la paz debe tener reglas claras: “Y las debe tener porque en el desarrollo de un cese al fuego bilateral, no se les puede permitir a los alzados en armas que le hagan fraude al pueblo colombiano y sigan combatiendo, como de manera lamentable ha venido ocurriendo y cuya víctima principal es la población civil, porque tiene que confinarse o desplazarse y ser susceptible de la vulneración de sus derechos fundamentales. Los grupos armados ilegales le están haciendo pistola al Gobierno nacional y al anhelo de paz de todos los colombianos. Contrario a ello, lo que deben hacer es cumplir lo pactado”.