Las Comisiones Económicas del Congreso (Terceras y Cuartas), aprobaron el proyecto de ley del presupuesto general de la Nación para la vigencia de 2024, el cual está aforado en $502,6 billones, monto que ya había sido avalado la semana anterior.
La ponencia aprobada representa un aumento en la inversión con respecto a petición inicial del Gobierno, al pasar de $97.7 billones a $99.3 billones. El senador John Jairo Roldán (Partido Liberal), ponente, destacó que se disminuyó además lo proyectado para gasto de funcionamiento.
Por sectores el presupuesto aprobado indica que el sector educación le correspondió $70,4 billones, salud $61,5 billones, defensa y policía con $55,5 billones, hacienda $49,2 billones e inclusión social con $15,1 billones.
A Inteligencia se le destinó $197.000 millones, ciencia, tecnología e innovación $400.000 millones y el empleo público $583.000 millones.
Según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, “se hicieron cambios en 1.6 billones que modificaron gastos de funcionamiento hacia gastos de inversión, por lo tanto, llegamos a un monto final de inversión de 99 billones de pesos, el más alto que hasta ahora se tiene en la historia”.
Respondió además a algunas críticas hechas por los congresistas sobre el riesgo que podría estar desfinanciado el presupuesto. “Está financiado, la Dian tiene los instrumentos dejados por la reforma tributaria para hacer todas las condiciones de aumentar el recaudo”, declaró.
Ahora el presupuesto pasa a las plenarias respectivas y debe quedar aprobado antes del 25 de octubre. Para esa discusión, se acordó que se dará debate a las diversas propuestas de modificación de partidas.
El debate de este miércoles estuvo marcado por varios cuestionamientos de congresistas, como Katherin Miranda o Ciro Ramírez, por los 15 billones de pesos que el Gobierno espera recaudar por medio de litigios y arbitramentos, ya que esta figura deja ver que se estaría contando con una plata sobre la que no hay certeza de si llegará o no.
Desde el Congreso también hay recelo frente a la forma en la que se distribuirán los recursos para las regiones, ya que algunos parlamentarios sienten que no son suficientes y se podrían destinar mayores rubros para las poblaciones más pobres.