Atendiendo las solicitudes de visita institucional realizadas por la Procuraduría a los ministerios de Interior, Salud, Ambiente, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Dirección de Parques Nacionales Naturales, entre otras entidades del ejecutivo, a la vereda Bocas del Manso, en jurisdicción de Tierralta, Córdoba, donde la comunidad fue afectada al parecer por miembros del Ejército, el Gobierno nacional anunció en las últimas horas el envío de una misión humanitaria que llegaría al sitio.
Los acontecimientos ocurridos el 11 de septiembre en la vereda Bocas del Manso del municipio de Tierralta, Córdoba, siguen siendo confusos. Un grupo de hombres armados que usaban prendas oscuras y cubrían sus rostros con pasamontañas amenazaron a la población civil, incluidas mujeres embarazadas y niños.
Varios videos realizados con los teléfonos móviles de los habitantes dejaron testimonio del hostigamiento, y en pocas horas se volvieron virales; testigos señalan que incluso habrían intentado violar a una mujer indígena. Lo que se supo después era que no eran miembros de las disidencias de las Farc, como ellos mismos habían anunciado a su llegada, sino soldados del Ejército, pertenecientes al Batallón Junín.
El Ministerio Público envió estos requerimientos el pasado 15 de septiembre, argumentando que la comisión disciplinaria enviada allí por la Procuradora Margarita Cabello Blanco el día anterior, pudo evidenciar la ingente necesidad de presencia institucional para brindar una atención integral a la población vulnerada y otorgó un plazo de tres días hábiles para que estas entidades informaran sobre la fecha y hora programada para dichas visitas, con el fin de realizar acompañamiento a las mismas.
Mientras la Fiscalía, la Procuraduría y la Justicia Penal Militar adelantan investigaciones, el comandante del Ejército Luis Mauricio Ospina informó este martes sobre nuevas decisiones. Mediante un comunicado oficial, dio a conocer que 6 oficiales y 4 suboficiales serían retirados debido a que su comportamiento “comprometió los principios y valores de la institución”.
El documento asegura que “los procedimientos llevados a cabo fueron totalmente contrarios a las normas, leyes y la doctrina militar”. El Ejército también ordenó el retiro de 8 soldados profesionales que estuvieron vinculados a los hechos; otros 13 que no participaron directamente pero tuvieron algún tipo de relación fueron enviados a desempeñar labores administrativas.