La Contraloría General de la República de Colombia hizo el reporte de los principales hallazgos resultado de una auditoría de cumplimiento que le hizo al Ministerio de Minas y Energía; estas son las irregularidades que encontró.
De acuerdo con el ente de control, puntualmente, los resultados de la auditoria tienen que ver con la gestión fiscal de los recursos públicos de los Fondos FSSRI, PRONE Y FAER (Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso -FSSR-, Programa de Normalización de Redes Eléctricas -PRONE- y Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectada -FAER-, a cargo de la cartera de Minas y Energía.
Como resultado de la auditoría, sobre los años 2021 y 2022, se constituyeron 16 hallazgos administrativos de los cuales 12 presentan incidencia disciplinaria, ocho de carácter fiscal y uno está para indagación preliminar por $68.789,22 millones.
La Contraloría estableció que existe un déficit creciente de recursos para cubrir los subsidios por menores tarifas otorgados por las empresas de energía eléctrica a los usuarios beneficiarios del mismo. Al cierre de 2022, el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso (FSSRI) presentaba un déficit acumulado lo que implica que a la fecha señalada tenía una deuda con los prestadores del servicio de energía.
La falta de controles del Ministerio de Minas y Energía a pesar de la facultad otorgada mediante el Decreto 1073 de 2015 y el incumplimiento del Decreto 0007 de 2010 por parte de las empresas de servicios públicos, conlleva el desbalance entre el otorgamiento de subsidios en estratos uno, dos y tres y el no recaudo de contribuciones lo que aumenta el déficit permanente del FSSRI.
De acuerdo con la Contraloría, los procedimientos definidos por el mismo Ministerio para la administración del Fondo FSSRI han permitido situaciones donde algunos comercializadores acumulan grandes saldos de contribuciones que posteriormente no han podido ser giradas al FSSRI.
Esto, según la entidad, evidencia que la falta de definición de los tiempos para revisar y para validar las conciliaciones enviadas por los comercializadores es una debilidad en los mecanismos de control que tienen en sus procedimientos e instructivos del Ministerio.
Al respecto, el contralor delegado de Minas y Energía, Germán Castro Ferreira, indicó que “se efectuó una auditoría en el Ministerio de Minas para identificar el cumplimiento de algunas actividades y ejecuciones de 2021 y 2022”.
Explicó que “tuvimos los que se llama unos hallazgos fiscales que consisten en que una comercializadora de energía, denominada Dicel, pues había hecho unos acuerdos de pago para devolver $29.700 millones de unas contribuciones que había recaudado en el mercado mayorista de energía, pero después fue suspendida por XM y no hubo la devolución de este dinero que le corresponde regresar para el Ministerio”.
Igualmente, el funcionario indicó que, con esta comercializadora, se había recaudado otros $5.000 millones que no entraron en ese acuerdo de pago y que deberían haber sido devueltos, pero no pasó.
Adicionalmente, Castro Ferreira expuso el caso de otra comercializadora de Energía, Qienergy, tuvo unas contribuciones de cerca de $10.000 millones -que una vez recaudadas de los usuarios del mercado mayorista- no fueron entregadas al Ministerio de Minas y Energía.
“Lo que estamos verificando, y continúa de aquí en adelante, quiénes son los responsables fiscales y además esto pasa a un área de investigación más profunda para determinar si hubo o no alguna conducta culposa o alguna responsabilidad de algún funcionario del Ministerio de Minas”, manifestó el delegado de la Contraloría.
Entre tanto, destacó que esto podría convertirse en un detrimento patrimonial. “Aquí lo único que ha hecho la Contraloría es encontrar lo que se denomina ‘un hallazgo’, que es fiscal porque se considera que hay unos dineros que le corresponden a los ciudadanos y no han sido devueltos al Ministerio debidamente”.
Añadió que “lo que estamos tratando de hacer es consolidar que lo que tenía que hacer se hizo, y lo que esté pendiente lo siga verificando la Contraloría en una etapa posterior”.