Para garantizar la materialización de los trabajos, obras y acciones con contenido reparador y restaurador que desarrollarán los comparecientes, como parte de su sanción o en el marco de sus contribuciones a la reparación, cuando acepten responsabilidad y aporten verdad, la JEP y el Gobierno Nacional trabajan para afinar la articulación institucional.
En este acuerdo también se busca ‘pulir’ las capacidades de cada una de las entidades del Estado y la cooperación internacional que permitirán asegurar la implementación efectiva y el despliegue de los proyectos restaurativos en los territorios.
La noticia fue reveladas por el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrado Roberto Carlos Vidal, durante la instalación de la Instancia de Articulación entre el Gobierno Nacional y la JEP, que se realizó el viernes en Bogotá.
A la instalación, presidida por la directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz de la OACP, Gloria Cuartas, y el presidente de la JEP, también asistieron representantes del Ministerio de Justicia, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, el Departamento Nacional de Planeación, la Agencia de Renovación del Territorio, el Departamento Nacional de Planeación y la Misión de Verificación de Naciones Unidas.
Para el magistrado Vidal, las capacidades institucionales de cada una de estas entidades son clave en la construcción de la paz y destacó el trabajo colaborativo entre las ramas poder público como factor fundamental en la implementación del Acuerdo Final de Paz.
¿La razón? las sanciones propias contribuyen a la reparación de las víctimas, al restablecimiento de sus derechos, a la superación de condiciones de vulnerabilidad y restauración del daño, así como al establecimiento de condiciones de desarrollo e igualdad en las zonas más afectadas por el conflicto armado. Es decir, están encaminadas a enfrentar los factores estructurales que propician y perpetúan la violencia.
El trabajo que surja de esta instancia, dijo el magistrado Vidal, servirá para insertar las transformaciones sociales a través de las asignaciones a los comparecientes, ya sean estos firmantes del Acuerdo de Paz, exintegrantes de la fuerza pública, exfuncionarios del Estado, o cualquier otro que se acoja a la JEP.
En la sesión se ratificó el mandato del Estado colombiano en su deber de garantizar las condiciones de seguridad que deben brindarse tanto a los responsables de los crímenes como a las víctimas y las comunidades, para implementar no solo las sanciones propias, sino los trabajos, obras y acciones con contenido reparador (TOAR) con los cuales se resarcirá el daño causado durante el conflicto armado.