El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió por decreto la Asamblea Nacional, adelantando las elecciones legislativas y presidenciales, un día después de presentar su defensa en un juicio político en su contra.
Lasso niega las acusaciones de que hizo la vista gorda ante la supuesta malversación de fondos relacionada con un contrato en la empresa estatal de transporte de petróleo Flopec, argumentando que su administración hizo cambios rentables al acuerdo, que se firmó años antes de que él asumiera el cargo.
“He firmado el Decreto Ejecutivo 741, con el objetivo de disolver la Asamblea Nacional y solicitar al CNE se convoque a elecciones. Ecuatorianas y ecuatorianos: esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador y devolver al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”, escribió Lasso en Twitter.
La mayoría de los legisladores respaldó una resolución que decía que Lasso permitió que continuara el cuestionado contrato, a pesar de que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea -que escuchó el testimonio de legisladores de la oposición, funcionarios y el abogado de Lasso- dijo en su informe que no recomendaba un juicio político.El mandatario invocó la “muerte cruzada” citando la grave crisis política y conmoción interna del país andino.
“Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”, dijo Lasso en una intervención televisada.Se necesitaban 92 votos de la Legislatura de 137 miembros para destituir a Lasso de su cargo. La Asamblea votó a favor de continuar con el proceso la semana pasada.
La Constitución del país consagra la llamada ‘muerte cruzada’, que permite a un mandatario ecuatoriano convocar elecciones tanto para su puesto como para la Asamblea Nacional bajo ciertas circunstancias, incluso si las acciones de la Legislatura bloquean el funcionamiento del Gobierno.
Lasso ahora permanecerá en el cargo, gobernando por decreto, mientras las autoridades electorales nacionales fijan la fecha de los comicios.
El tribunal electoral de Ecuador debe decidir la fecha de las nuevas elecciones dentro de los siete días posteriores a la disolución de la Asamblea Nacional.