La Defensoría del Pueblo le solicitó al Gobierno tomar medidas urgentes para que sean protegidos los derechos de las personas que a diario transitan por el corredor vial que está afectado por el colapso del puente El Alambrado, infraestructura que venía comunicando al Valle del Cauca con Quindío.
Los transportadores de carga, las empresas de buses de servicio interdepartamental que a diario atraviesan el punto de la afectación, los comerciantes de distintas ramas y productores de alimentos, quienes negocian con insumos para productos agrícolas, los que se desplazan en sus vehículos particulares, entre otros, emplearán más horas en sus recorridos al verse obligados a utilizar otra vía alejada que les permita atravesar el río La Vieja. En consecuencia, ya se prevén pérdidas millonarias con el paso de los días, lo que podría impactar en la inflación.
El tiempo adicional en los viajes, el retraso en la entrega de mercancías y alimentos, el mayor consumo de combustible, aunado a otras posibles consecuencias del desplome de este puente que servía al corredor Calarcá-La Paila y al estratégico Bogotá-Buenaventura, tendría efectos negativos sobre la inflación, que, vale recordar, para el mes anterior y según el DANE, fue del 13,34% en su variación anual.
No solamente el Valle del Cauca, productor de azúcar, y Quindío, productor de café, serían los afectados con el paso de las semanas mientras es construido un nuevo puente, también los departamentos de las zonas centro, occidente y sur del país, sobre todo, si se tiene en cuenta que muchas de las importaciones ingresan al puerto de Buenaventura, de donde salen vía terrestre para estas regiones.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo reitera su mensaje de solidaridad con las familias de los dos uniformados de la Policía Nacional que murieron a causa del colapso del puente, justo cuando se movilizaban en un vehículo de carga pesada, como también lamenta que varias personas que pasaban en sus automotores hayan resultado heridas en este trágico hecho.