Preocupada porque en algunos aeropuertos del país los convenios con la Policía están a punto de vencer, la Procuraduría General de la Nación instó a la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI- y a los concesionarios a firmar nuevos acuerdos que eviten la disminución de agentes en las terminales del norte y oriente del territorio nacional.
Desde octubre pasado, aeropuertos como los de Valledupar, Cúcuta, Riohacha, Bucaramanga, Barrancabermeja y Santa Marta, administrados por la concesión Aeropuertos de Oriente S.A.S, se vieron afectados por la terminación de los convenios con la Policía, lo que significó una disminución de la presencia del número de uniformados en esas terminales aéreas y en consecuencia una menor seguridad para los usuarios aeronáuticos.
De acuerdo a manifestaciones hechas por miembros de la institución policial, los concesionarios de los aeropuertos no han cumplido con la provisión de los insumos técnicos y logísticos que permitan garantizar la presencia adecuada de los efectivos.
La Procuraduría llamó la atención sobre la necesidad de avanzar con prontitud en los nuevos acuerdos que sean proporcionales a las necesidades de la Policía Nacional y a los recursos de los concesionarios.
Para la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública resulta preocupante que por estas razones se ponga en riesgo la seguridad de los usuarios, por lo que exhortó a la ANI a liderar mesas de negociación que permitan mantener la presencia policial en las terminales aéreas.
En sus acciones preventivas, el Ministerio Público reiteró que por ninguna razón la unidad policial puede estar ausente en estos lugares y menos cuando en aeropuertos como el Camilo Daza, de Cúcuta; o el de Rionegro, que sirve a Medellín, o el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Cali, presentan dinámicas de alto riesgo de seguridad.