La Contraloría General de la República inició un proceso de responsabilidad fiscal por valor de $21.000 millones de pesos, en virtud del daño al patrimonio público causado las irregularidades detectadas en la ejecución del contrato de obra suscrito para la reconstrucción del acueducto de Mocoa (No. PAF-AT-O-025-2017).
A la fecha, el contrato presenta incumplimiento y la obra y no presta servicio a la comunidad.
En el desarrollo del proceso de responsabilidad fiscal se vincularon a los garantes llamados a responder, en aras de garantizar el resarcimiento del patrimonio público.
Al mismo tiempo, el organismo de control abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto daño al patrimonio público en cuantía de $1.575 millones en la construcción de las obras de mitigación sobre el río Sangoyaco. Adicionalmente, se decretaron medidas cautelares y se vinculó a los aseguradores como terceros civilmente responsables.
Se trata de la ejecución del Contrato de obra No. 9677-PPAL001-1119-2020 por un valor de $5.280 millones, celebrado entre la Fiduprevisora S.A. (en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres) y el contratista A&A CONSULTORÍA E INGENIERÍA S.A.S.
En desarrollo de la Auditoría de Cumplimiento realizada por la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura, se evidenció que la obra construida presenta daño estructural, situación que se aparta de las condiciones de calidad contratada y exigidas en el contrato.
De igual manera, se realizaron cambios en las especificaciones técnicas de materiales diferentes a los contratados, lo que determinó un mayor costo que pone en riesgo la ejecución de todas las cantidades de obra contratadas.
La entidad afectada en este caso es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).