Muchas críticas ha recibido el borrador del proyecto que estaría en manos de la Superintendencia de Transporte y que sancionaría a empresas y usuarios de plataformas de movilidad por prestar y/o tomar servicios de transporte público en vehículos particulares, lo cual afectaría a al menos 100.000 colombianos que trabajan a través de estos aplicativos.
Al respecto el Ministerio de Transporte anunció, a través de su cuenta de Twitter, que se reunirán este miércoles mediante una mesa de trabajo con conductores y representantes de las aplicaciones para «avanzar en la etapa de construcción del proyecto de ley sobre régimen sancionatorio del transporte», el cual será llevado al Congreso.
Tras varias protestas de los conductores de las plataformas de movilidad del país, el Ministerio de Transporte estaría adelantando acercamientos con los representantes de este sector para avanzar en acuerdos sobre las operaciones de estas ‘apps’.
En esta reunión, se busca llegar a una solución que permita prestar el servicio bajo ciertas condiciones que se acomoden a la ley. El anuncio del jefe de cartera de Transporte, se da luego de que el director ejecutivo de Alianza In, José Daniel López, afirmara que estaban realizando un borrador de proyecto que ley que buscaría prohibir las plataformas digitales en el país.
El vocero explicó que la regulación estaría basada en experiencias de otros países como México y Brasil.
“En estos países se reconoce esta modalidad, que es una modalidad de transporte privado en donde se aprovecha la regulación para avanzar en la introducción de vehículos eléctricos al país y donde también se permita que la tarifa dinámica sea utilizada por los taxis”, explica el director ejecutivo de la alianza Inn.
Para López esta sería algunas de las principales propuestas. Además recuerda que el trabajo que hacen los conductores a través de estas plataformas, es una actividad completamente legal, pero que no ha sido reglamentada. “Es legal porque hay un principio fundamental que es el de neutralidad de renta que protege en intervención gubernamental los contenidos que están en Internet”, afirmó.