La Procuraduría General encendió las alarmas ante los riesgos que se podrían presentar por las posibles modificaciones al contrato de concesión de la primera línea del metro, que pretende modificar el trazado para construir un tramo subterráneo. Así se lo advirtió el ente de control a la Empresa Metro de Bogotá.
Para el Ministerio Público, los riesgos se verían representados en los impactos que se generarían por dichas modificaciones con mayores plazos en la ejecución del proyecto, incremento de precios en diseños y construcción, volatilidad del dólar, incertidumbre sobre la destinación del gran número de predios que ya fueron adquiridos y pagados para la construcción del metro elevado, posible detrimento patrimonial y vulneraciones al principio de planeación contractual, y afectaciones a la movilidad de los habitantes de la ciudad de Bogotá que reclaman prontas soluciones en el transporte público.
En atención a estos riesgos en la gestión contractual, el ente de control revisará los conceptos e informes en los que se plantea una modificación del objeto del contrato de concesión.
En las últimas horas se reunieron la alcaldesa de Bogotá Claudia López y el presidente Gustavo Petro para analizar las cinco alternativas que presentó el consorcio China Harbour Engineering Company para que parte del megaproyecto sea subterráneo y no elevado, como se contrató en 2019.
El consorcio recomendó solo una de las opciones que sería la de realizar una extensión subterránea de la calle 72 con Caracas hasta la calle 100 con autopista Norte, con tres estaciones más y 3,9 km adicionales.
el presidente Gustavo Petro realizó una contrapropuesta. Se trata de un tramo subterráneo desde la Primero de Mayo con carrera 50 hasta la calle 72, que para el consorcio no es ni jurídica ni económicamente viable.