El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, anunció medidas a corto y mediano plazo para mitigar el incremento desmedido de las tarifas de la energía eléctrica que han golpeado el bolsillo de las y los colombianos, particularmente en la región Caribe, en lo que se ha denominado el Pacto por la Justicia Tarifaria.
Luego de una semana de arduo trabajo con los diferentes actores del sector eléctrico colombiano (cadena productiva: generadores, transportadores, distribuidores, comercializadores y consumidores), la Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, hoy emite un paquete regulatorio con diferentes medidas técnicas con la finalidad de iniciar el proceso de reducción de las tarifas de energía eléctrica. Estos acuerdos constituyen la primera etapa de un proceso orientado a que el usuario sea el centro de la política pública del servicio en materia de cobertura, calidad y precios razonables.
“Cumpliendo con lo que el Presidente Gustavo Petro dijo hace ocho días, hoy anunciamos al país que antes de finalizar el año los colombianos verán una reducción en su tarifa de energía”, dijo la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG emitió tres propuestas de resoluciones. La Resolución 701 017, proyectada a 12 meses, que busca: 1. Involucrar a todos los actores de la cadena de la electricidad en la reducción de las tarifas eléctricas. 2. Aliviar la carga de los comercializadores que son los que recaudan el dinero de las tarifas, permitiéndoles el diferimiento de, al menos, el 20% de las obligaciones desde septiembre a diciembre de 2022 con los generadores, transmisores y distribuidores, cuyo periodo para pagar los dineros diferidos es de 18 meses. Dichas modificaciones serán reportadas a la Superintendencia de Servicios Públicos. La tasa que regirá las obligaciones diferidas será la menor entre la que reporta el administrador de mercado XM y una preferencial. 3. Renegociar los contratos del mercado regulado entre comercializadores y generadores, incluye la modificación de tiempos de pago y los periodos de consumo en 12 meses. Las variaciones de estos contratos serán reportadas a la Superservicios y a la Superintendencia de Industria y Comercio por parte de XM.
La Resolución 701 018, que entra en vigor en cinco meses, pretende: 1. Optimizar la operación de las plantas termoeléctricas según el número de unidades y la potencia de cada una de ellas. Y, por último, la Resolución 701 019, también proyectada a 12 meses:
1. Determinará el porcentaje de variación de la opción tarifaria para el primer mes después de que se apruebe la resolución. Luego de dicho primer mes, se definirá la tasa de crecimiento de la opción tarifaria que antes no podía ser inferior a 0,6 en un valor igual a 0 ó negativo.
2. Ajustar los cargos de distribución y transmisión con el Índice de Precios al Productor (IPP) de diciembre de 2020. Estos valores se traen a la actualidad y podrán variar con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
3. Hacia delante y de manera transitoria, una vez se defina un indicador del sector, los cargos se van a actualizar con la menor variación entre el IPC, el IPP o un valor que presenten los operadores. Estos tendrán un plazo de cinco días hábiles para informar a la CREG que aceptan los ajustes.
“Escuchamos el clamor de las y los colombianos de todos los rincones de nuestro país, en particular de los siete departamentos del Caribe, que por años han visto su economía afectada por cuenta de los altos costos en sus facturas de energía. Esta es una problemática heredada e insostenible, pero hoy podemos decir con orgullo que este Gobierno plantea soluciones y no seguirá aplazando los problemas. Estos alivios son el primer peldaño de un proceso de estabilización en el que el usuario final es el centro”, concluyó la Ministra Vélez.
Los anuncios sobre las medidas, en el marco del Pacto por Justicia Tarifaria, fueron hechos este viernes en la Presidencia de la República por la Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, la Viceministra de Energía, Belizza Ruiz, el director de la CREG, Jorge Valencia Marín, y el presidente de Andesco, Camilo Sánchez.