La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a servidores (para el año 2020) del magisterio, ministerios de Trabajo, Educación y Hacienda y Crédito Público, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un proceso para la elaboración de una matriz de riesgos para las sedes de establecimientos educativos oficiales, por un presupuesto estimado en $51.552 millones de pesos.
Los investigados son el vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), Jaime Abril Morales; la viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, Constanza Liliana Alarcón; el delegado del Ministerio de Trabajo, Juan Carlos Hernández, y el del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Paul Ricardo Díaz, quienes votaron de manera positiva para la adjudicación del contrato a la firma Belisario Velásquez & Asociados S.A.S.
Se trata del proceso de la invitación pública No. 003 de 2020 adelantado por el FOMAG, administrado por la Fiduciaria La Previsora S.A., adjudicado con el objeto de «Diseñar e implementar la matriz de peligros, valorar los riesgos y determinar los controles para las sedes de establecimientos educativos oficiales adscritos a las entidades territoriales certificadas en educación y la aplicación y análisis de la batería de riesgo psicosocial para docentes activos y directivos docentes activos de las mismas, como actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo del Magisterio».
Luego de revisar el material allegado, para el Ministerio Público no es clara la manera como la entidad absolvió las observaciones presentadas frente al certificado de experiencia presuntamente falso, el cual habría sido presentado por quien resultó adjudicatario del contrato.
La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 7 Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó la práctica de pruebas documentales que resulten pertinentes y conducentes respecto de los hechos materia de investigación.