Con el fin de garantizar el ejercicio del derecho a la participación democrática en las elecciones del próximo domingo 29 de mayo, en el que se elegirán Presidente y Vicepresidente de la República, la Defensoría del Pueblo reforzó su plan operativo para el acompañamiento y vigilancia en la etapa preelectoral, electoral y postelectoral.
“Un equipo de cerca de 3.000 funcionarios, defensores públicos y contratistas del nivel central y de las 42 defensorías regionales de la Defensoría del Pueblo acompañarán hasta culminar el certamen electoral, para recibir, atender y tramitar las quejas ciudadanas para que se les brinden todas las garantías”, informó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
El plan de acompañamiento y vigilancia electoral también comprende acciones dirigidas a verificar desde los puestos de votación la garantía del derecho al sufragio de cada ciudadano sin restricción ni limitación alguna.
Durante la jornada del domingo, se monitorearán los escenarios de riesgo advertidos en el informe de seguimiento a la Alerta Temprana 004 de 2022 en contexto electoral y se trasladarán a las autoridades (Fuerza Pública, Fiscalía, Procuraduría y autoridad electoral) las posibles anomalías que se presenten en el desarrollo de las elecciones para que se adopten las medidas correctivas que correspondan.
La Defensoría del Pueblo hará presencia en todos los departamentos del país, y la reforzará en los puestos de votación que se hallen en zonas de extremo o alto riesgo o de condiciones de vulnerabilidad, principalmente en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, en la subregión del Bajo Cauca, Sur de Córdoba y Sur de Bolívar como también del municipio de Tumaco.
“Esperamos que los comicios transcurran en completa normalidad, que no se presenten hechos de violencia, ni de agresiones entre campañas y partidos políticos y votantes, y se promueva un ambiente de respeto y tolerancia para que la democracia colombiana salga fortalecida”, señaló Carlos Camargo.
Rechazo a presiones de grupos armados ilegales
La Defensoría del Pueblo condena las amenazas de grupos armados ilegales contra los candidatos, dirigentes y miembros de campañas políticas. De la misma forma, rechaza las presiones de grupos armados ilegales contra la población civil en muchas zonas del país para votar por un determinado candidato.
A través de la Dirección de Atención y Trámite de Quejas, la Defensoría del Pueblo ha recibido denuncias, en diferentes regionales, sobre presiones de los grupos armados ilegales a los ciudadanos para que voten a favor de una determinada candidatura.
Por lo tanto, el Defensor del Pueblo les reitera a los ciudadanos que no deben dejarse coaccionar y que pongan las respectivas denuncias. También les recuerda que su derecho a elegir, que su derecho al voto, es secreto y deben ejercerlo con absoluta libertad.
Para ello, la Defensoría del Pueblo reitera que estará presta a brindar el acompañamiento para su garantía y para que las autoridades judiciales investiguen cualquier acción que atente contra este derecho.*
En el último mes, la Defensoría del Pueblo ha recibido y tramitado, ante las autoridades judiciales, 12 quejas por amenazas en el marco del proceso electoral contra candidatos y equipos de las campañas a la presidencia.
Se destaca en mayor número, las amenazas proferidas mediante panfletos, comunicados o mensajes por chat, contra partidos políticos en Bogotá, Antioquia, Arauca, Cauca, Córdoba, Guaviare, Magdalena, Meta, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Norte de Santander.
Teniendo en cuenta la gravedad de la amenazas y en aras de proteger la vida, integridad y seguridad personal de los candidatos, desde su Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, la Defensoría del Pueblo ha solicitado a las autoridades competentes atender e investigar con rigor las amenazas y situaciones de riesgo de posibles vulneraciones a los derechos fundamentales a la vida, la integridad y seguridad personal como también al derecho político a ser elegido, entre otros derechos.
De igual manera, ha requerido a las autoridades brindar efectivas medidas de protección y prevención para evitar ataques contra la vida de los candidatos, simpatizantes, seguidores de las diferentes campañas políticas.