Luego de completar más de 10 horas en audiencia, la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, dictaminó que el exsenador Álvaro Uribe deberá ir a juicio por sobornos a testigos y fraude procesal.
Según Ortiz, «No resulta admisible para el despacho que sin contradicción en un juicio se hable de preclusión de fraude procesal».
En su decisión, la juez controvirtió los argumentos de la Fiscalía, quien había pedido el archivo del proceso por dos razones: las conductas descritas en el caso no serían delito (atipicidad) y, si lo fueran, no habría elementos para probar el rol del expresidente en los hechos.
En su argumentación, la juez expuso que, contrario a lo expresado por el expresidente, su defensa y la Procuraduría, quienes dijeron que no tenían claros los hechos por los que Uribe era investigado, la indagatoria que este rindió en la Corte equivale a una imputación y por lo tanto allí le dejaron claras las razones.
Uno a uno, la jueza abordó los seis hechos del caso, citando en varias ocasiones la investigación de la Corte Constitucional, algo que no le convenía a Uribe, pues su defensa había insistido en deslegitimar las pruebas del alto tribunal, especialmente algunas varias interceptaciones que calificó como ilegales.
“Una vez resuelto el recurso de apelación por parte del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, no emerge obstáculo alguno para adelantar la audiencia de solicitud de preclusión de la acción penal, y menos aún para programarla. Cosa distinta ocurriría si la honorable Corte Suprema de Justicia, dentro del trámite de la acción constitucional, ordenara la suspensión o no programación de la audiencia. En consecuencia, se niega la petición”, dijo la jueza.
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