Mientras Colombia continuaba concentrada en contrarrestar los efectos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia por COVID-19, las consecuencias humanitarias en el país empeoraron. Según las cifras, en 2021 la mayoría de los efectos derivados de los conflictos armados y la violencia alcanzaron el nivel más alto de los últimos cinco años.
De acuerdo con el análisis realizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en Colombia hay seis conflictos armados y otros tipos de violencia que afectan drásticamente la vida de las personas. La reconfiguración de los actores armados no estatales y el incremento de las confrontaciones armadas, del control social y de la disputa territorial aumentaron la presión sobre la población civil y plantearon nuevos desafíos para la asistencia humanitaria.
Los artefactos explosivos, un peligro latente
En 2021, el CICR 486 víctimas de artefactos explosivos, el número más alto de los últimos cinco años. Esta cifra evidencia el recrudecimiento del fenómeno y los efectos directos que tiene sobre la población civil, ya que la mayoría de las víctimas son civiles.
La presencia de artefactos explosivos en distintos territorios del país genera múltiples consecuencias humanitarias. La más visible de ellas es el número de víctimas directas, que refleja el profundo sufrimiento que provoca esta problemática.En Colombia, la tragedia de las desapariciones no ha cesado. Por un lado, miles de familias continúan experimentando incertidumbre y angustia al no saber la suerte y el paradero de sus seres queridos, aún a pesar de que, en muchos casos, los hechos ocurrieron hace varios años, incluso décadas.
Las personas desaparecidas: un drama humanitario
Por otro lado, en distintas zonas del país se siguen registrando desapariciones y las medidas que se han implementado para prevenir este fenómeno resultan insuficientes. Prueba de ello es que en 2021 documentamos cada dos días, en promedio, un nuevo caso de desaparición relacionado con los conflictos armados y la violencia.
Misión médica y la asistencia de salud, en peligro
Prestar servicios de salud en Colombia es cada vez más peligroso, especialmente en las zonas más afectadas por los conflictos armados y la violencia. Con 553 agresiones registradas en 2021 por la Mesa Nacional de Misión Medica, se ha presentado un aumento histórico por tercer año consecutivo, con un incremento del 70 % respecto de 2020.
Cárceles, migración y uso de la fuerza
La emergencia sanitaria por COVID-19 complejizó la situación en muchos establecimientos penitenciarios del país, no solo a causa de los brotes de esta enfermedad entre las personas privadas de la libertad, sino también por el acceso limitado que tuvieron los familiares, abogados, jueces y organizaciones de derechos humanos, entre otros.
Por otro lado, la población migrante con vocación de permanencia se sorganizó en departamentos afectados por los conflictos armados y la violencia, lo que la expone al peligro por su desconocimiento del contexto, pero también por el rechazo, la estigmatización y la xenofobia.
A nivel global, durante 2021 se incrementaron las movilizaciones sociales que llevaron a miles de personas a las calles a manifestarse por diferentes razones. Colombia no fue la excepción. Tanto en zonas urbanas como rurales, el mantenimiento del orden público fue un constante desafío para la Fuerza Pública, al ponerse a prueba su capacidad de responder con apego a las normas y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.
Diálogos con grupos armados
En el informe el CICR asegura que su diálogo bilateral y confidencial con portadores de armas y personas afectadas por los conflictos armados y la violencia les permitió llegar a los lugares más alejados o de difícil acceso en el país, donde nadie más llega.
Llamados a la acción
Estos son los principales llamados a la acción para el año 2022 frente los asuntos que más preocupan en Colombia al CICR:
*Exhortan al próximo Gobierno y a los congresistas elegidos en 2022 a priorizar en su agenda política la atención y protección de las víctimas y comunidades afectadas por los conflictos armados y la violencia.
Recordamos a la Fuerza Pública y a los grupos armados que tienen la obligación estricta de respetar el derecho internacional humanitario (DIH) y otras normas humanitarias, así como de adoptar medidas de precaución para proteger a la población y los bienes civiles de los efectos de las hostilidades.
*Instan a todos los actores armados a considerar el impacto humanitario que tiene el uso y el abandono de artefactos explosivos. Estos afectan a la población civil y generan graves consecuencias a nivel físico y psicológico; además, limitan la movilidad de las comunidades y obstaculizan el acceso a servicios esenciales, como la salud y la educación
*La violencia sexual es inaceptable, por eso hacen un llamado a todos los actores armados para que prevengan y se abstengan de cometer este tipo de actos. Recuerdan a las instituciones del Estado la importancia de atender de forma inmediata y aplicar el protocolo correspondiente a las víctimas de estos hechos, que afectan gravemente su integridad física y emocional.
*Instan al Estado a fomentar más espacios de protección y generar oportunidades para los jóvenes en zonas rurales y urbanas, para prevenir la vinculación de niñas, niños y adolescentes con los actores armados.
*La población migrante, al igual que la de acogida, sufre las consecuencias de los conflictos armados y la violencia. Por lo tanto, el CICR alienta al Estado a tomar medidas pertinentes para garantizar la atención, asistencia y reconocimiento de las personas migrantes como víctimas, con el fin de que puedan acceder a las medidas contempladas por la ley sin distinción por su condición migratoria.
*También piden al Estado fortalecer su capacidad institucional para brindar una atención integral a todas las víctimas, que incluya acompañamiento psicosocial y apoyo económico. Es importante que estas personas reciban un trato digno, sin revictimización.