La tutela que Álvaro Uribe Vélez había interpuesto fue negada y seguirá manteniendo la condición de imputado en el proceso que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.
Esta decisión, que se tomó en una apretada votación 5-4 en la Corte Constitucional, implica que el expresidente Álvaro Uribe seguirá formalmente imputado y que el caso en su contra seguirá su curso actual.
El magistrado Alejandro Linares, ponente de la decisión de la Corte Constitucional señaló que “La Corte señaló en la parte emotiva que cuando hay un cambio por renuncia o por adquisición de fuero constitucional, por ejemplo, cuando un ciudadano es elegido congresista, durante la etapa de la investigación conservará validez todo lo actuado, y se parte de la base de que hay una equivalencia funcional entre la indagatoria y la imputación”.
La Corte debía definir si se puede asemejar una indagatoria en la Corte Suprema de Justicia con una imputación de cargos, y con ello la titularidad de la actuación penal en Colombia cuando, como en este caso, un aforado renuncia a su cargo como senador de la República.
Los efectos de la decisión conllevan a que la Fiscalía debe continuar con la petición de preclusión del proceso y/o adelantar una petición de acusación ante un juez de la República contra el expresidente Uribe.
El debate surgió luego de la decisión que tomó Uribe de renunciar a su curul en el Congreso, perdiendo así su fuero constitucional para que la investigación en su contra la asumiera la Fiscalía General de la Nación y no la Corte Suprema de Justicia.
En la parte resolutiva la Corte señaló que si alguna de las partes del proceso penal, como la Fiscalía o la persona procesada, en este caso el ciudadano Álvaro Uribe Vélez, lo determinan, podrán solicitar a un juez de control de garantías una audiencia con el objetivo de que se analice si hubo o no alguna vulneración de las garantías procesadas.