Al evidenciar posibles faltas de medidas estrictas de planeación, ordenamiento y control para la efectiva conservación y protección de los ecosistemas de San Andrés y Providencia, la Procuraduría General de la Nación pidió a las autoridades nacionales y territoriales poner especial atención a la erosión costera que se presenta en las playas y que se ha incrementado luego del paso del huracán Iota.
En carta enviada al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa Scaf; al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Eduardo José González Angulo; al gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Hawkins, y al director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA), Arne Britton González, el Ministerio Público pidió priorizar acciones de recuperación del área litoral y estudiar la posibilidad de reubicar las viviendas que se encuentran en zona de riesgo.
Atendiendo las solicitudes de la comunidad raizal, el órgano de control recorrió toda la línea costera de la isla y constató que a la fecha se están desarrollando diferentes obras de contención y reparación de los daños ocasionados en la carretera. Sin embargo, indicó que “la situación evidenciada en las playas de San Luis genera preocupación, teniendo en cuenta toda el área de playa que se ha perdido, que continúa en constante deterioro y en la que persisten viviendas en zonas de riesgo”.
La Procuraduría recordó que San Andrés es el departamento más vulnerable a los efectos del cambio climático y llamó a realizar un trabajo articulado entre las autoridades que deben velar por la protección y conservación de los ecosistemas del archipiélago, “que a nivel nacional e internacional es reconocido por su declaratoria como Reserva de Biósfera Seaflower, con la que Colombia se comprometió como país a diseñar e implementar estrategias de desarrollo sostenible que condujeran a la efectiva conservación de la biodiversidad”, señala el documento.
El Ministerio Público, en cabeza de la procuradora general Margarita Cabello, está comprometido con la protección y garantía de las acciones de mitigación del cambio climático.