El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones declaró la caducidad del contrato que se le había otorgado a la Unión Temporal Centros Poblados, luego de conocerse unas garantías falsas que supuestamente había emitido un banco para avalar a la firma a la que se le adjudicó más de 1,2 billones de pesos para llevar internet a regiones apartadas del país.
El abogado Jorge Pino, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, aseguró que presentará recurso de revocatoria directa del acto administrativo y petición de revocatoria ante la ministra Karen Abudinen.
La ministra de las TIC, Karen Abudinen, se pronunció a través de su cuenta de Twitter y dijo “Caducamos el contrato 1043 de 2020 de la Unión Temporal Centros Poblados, la sanción más contundente en materia de contratación estatal. Con esta decisión, cesan hoy todos los contratos de los miembros de la UT vigentes con el Estado”.
Abudinen adelantó que la oficina jurídica del Mintic buscará hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria estipulada en el contrato, la cual establece que los contratistas deben pagar la suma de 39 mil millones de pesos.
Durante la audiencia a cargo de Adriana Vivas, asesora del viceministerio de Conectividad y por resolución encargada y apoderada del caso, reveló que se rechazó la solicitud de la Unión Temporal para que la ministra Karen Abudinen asumiera directamente el proceso. También aseguró que no se presentó ninguna violación al debido proceso y se respetaron todos los derechos de la Unión Temporal Centros Poblados.
El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que ya trazó las primeras líneas de investigación para determinar el destino de los 70.000 millones de pesos que el Ministerio de las TIC dio al contratista como anticipo del contrato para llevar internet a los colegios de las zonas rurales más apartadas del país.