Madres y familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales de civiles pidieron ayer que los 10 militares, entre ellos un general, y un civil imputados por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) por el caso de los ‘falsos positivos’ «reconozcan sus delitos».
«Para nosotros es una gran satisfacción estar escuchando esta determinación que está dando la JEP y yo creo que más claras no pueden estar las cosas», dijo la representante legal de la organización Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo), Jacqueline Castillo.
En la primera decisión sobre el Caso 3, que corresponde a «Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado», la JEP imputó el martes a un general, seis oficiales y tres suboficiales y a un civil por «crímenes de guerra y de lesa humanidad».
La JEP acusa a los militares y al civil de supuesta «participación determinante» en el asesinato de al menos 120 personas en estado de indefensión en el Catatumbo, Norte de Santander, presentadas como bajas en combate entre enero de 2007 y agosto de 2008.
Los «falsos positivos» es como se conoce de forma popular en Colombia a uno de los episodios más oscuros del conflicto colombiano en el que militares ofrecían trabajo a jóvenes, sobre todo de clases bajas, para llevárselos a otras partes del país y asesinarlos, y presentarlos como bajas en combate y así conseguir incentivos y premios de sus superiores y del Gobierno.
CONOCER LA VERDAD
«Creería que estas once personas que están siendo imputadas no pueden seguir negando estos hechos. Son hechos muy claros, ha sido un trabajo bastante riguroso que ha hecho la JEP que hoy está dando estos excelentes resultados y la aspiración que tenemos es que ellos reconozcan estos crímenes y podamos conocer la verdad de todo esto», aseguró Castillo.
Castillo reclama conocer la verdad sobre la muerte de su hermano Jaime Castillo, quien fue presentado como «guerrillero dado de baja en combate» el 12 de agosto de 2008, en Ocaña, departamento de Norte de Santander, y la de «todos los ‘falsos positivos'».
Recalcó que más allá de que haya una condena ejemplar lo que las personas agrupadas en Mafapo buscan es conocer, finalmente, «quién dio la orden de cometer todos estos crímenes».
«Una condena en la cárcel no nos va a devolver a nuestros familiares pero es importante que se conozca todo lo que ocurrió con los ‘falsos positivos'», dijo esta madre colombiana, que subraya que con el trabajo realizado por la JEP los «militares no pueden seguir negando (…) nosotros necesitamos tenerlos de frente y que reconozcan estos hechos».
En su auto publicado hoy, la JEP subrayó que estos jóvenes fueron asesinados en «estado de indefensión» por parte de los miembros de la fuerza pública, sin que mediara combate «real» alguno, y resaltó que los crímenes «no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de contar cuerpos, sin la política de incentivos y sin la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate» .
ASOCIACIÓN CRIMINAL
Según la Sala de Reconocimiento de la JEP, los comandantes y miembros más importantes del Estado Mayor de la Brigada Móvil 15 y del Batallón de Infantería 15 «General Francisco de Paula Santander» «se asociaron con otros oficiales, suboficiales y soldados, con objetivos compartidos y un plan criminal común, que idearon y llevaron a cabo distribuyéndose las tareas entre sí y aprovechando sus posiciones de mando».
La JEP puntualizó que luego de analizar documentos oficiales encontró que los implicados destruyeron pruebas una vez iniciadas las investigaciones y que también compraron y alteraron testimonios y declaraciones.
En el auto, de casi 300 páginas, la JEP recopila cómo los jóvenes eran reclutados bajo premisas de «un trabajo bien remunerado» en municipios como Soacha, llevados al convulso Catatumbo y de ahí en algunos casos les ofrecían «trago» o «drogas», no les dejaban contactar con alguien y eran entregados a una «unidad militar ejecutora».
De ahí había un «plan criminal», donde miembros del pelotón se ofrecían voluntariamente o eran elegidos por consenso o por orden directa de un superior para ejecutar a los jóvenes, ponerles armas compradas en el mercado negro y uniformes de la guerrilla, además de encubrir el asesinato desde un punto judicial.