Medellín conmemoró los 10 años de la implementación de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, presentando un balance positivo de su trabajo innovador y estratégico en la transformación de la realidad social frente al conflicto armado y el restablecimiento de los derechos de las víctimas en la ciudad.
“La paz no es un resultado, sino un camino en sí mismo y esta administración tiene un compromiso con la construcción de esa paz, con el acuerdo de paz. En estos momentos de pandemia es cuando más alineados tenemos que estar con ese acuerdo, ese cumplir la palabra, que debe ser la garantía que le da el Estado a todas las personas que hagan acuerdos (…) La mayoría nacimos en un país en guerra, yo quiero vivir y morir en un país en paz”, dijo el alcalde Daniel Quintero Calle.
En el balance denominado “Transitando caminos de reconciliación: de la garantía de derechos a la paz en los territorios” y presentado en la segunda sesión del Comité Territorial de Justicia Transicional de Medellín (CTJT) se destacaron los hitos logrados por la ciudad en esta década de implementación de la Ley.
Entre los avances se destacan los logros en protección de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, atendidos por el Equipo de Atención y Reparación a Víctimas de la Alcaldía (EARV) desde 2012 hasta la actualidad, y los esfuerzos en implementar cambios en la política pública, en las lógicas territoriales y en el diseño institucional, para cumplir con la gran tarea de una reparación integral.
Algunas atenciones relevantes durante estos 10 años fueron los 489 casos de riesgo identificados y atendidos, 20 emergencias humanitarias de carácter colectivo atendidas, 607.050 hogares recibieron atención humanitaria de emergencia y de transición, 12.527 personas con atención psicosocial y más de un millón de víctimas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Para esto, la Administración Municipal ha invertido más de dos billones de pesos durante los diez años de implementación, siendo los dos últimos años (2019 y 2020) los periodos con mayor destinación de presupuesto general de víctimas.
“Hoy, desde el Comité de Justicia Transicional, rendimos un homenaje a la Ley de Víctimas que ha permitido que las organizaciones sociales junto con la Alcaldía y toda la institucionalidad trabajen en la búsqueda de verdad, reparación y garantías de no repetición, y celebramos la ampliación de otros 10 años para desarrollar un trabajo integral que permita reparar a todas las víctimas de la ciudad de Medellín”, dijo el secretario de la No-Violencia, Juan Carlos Upegui.
Por su parte, la coordinadora de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Medellín, Anaidalyt Delgado, afirmó: “Consideramos que la ley es buena, inicialmente había financiación para 3 millones de víctimas y hoy somos 9 millones, pensamos que se han logrado cosas importantes y Medellín ha sido una ciudad que ha dado lineamiento a nivel nacional”.
Las medidas con mayor inversión e incidencia fueron las relacionadas con los derechos a la salud y la educación. En su orden, las inversiones más significativas fueron en salud (más de un billón de pesos), seguida de educación y, en tercer lugar, por los recursos destinados al derecho de vivienda.
De igual manera, se abordaron los retos y desafíos que se mantienen para la continuidad de la implementación de la Ley de Víctimas, prorrogada otros 10 años por el Gobierno Nacional.
Entre los retos locales más importantes está integrar la colaboración de la política de víctimas con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR) de cara, también, al cumplimiento de los Acuerdos de Paz y contrarrestar las prácticas violentas que continúan generando hechos victimizantes y dejando vacíos en la garantía de derechos.
En esta segunda sesión del CTJT se aprobó por unanimidad el concepto “Favorable” de seguridad retornos y reubicaciones, que la ciudad obtiene por primera vez y que hará posible que las víctimas de desplazamiento en ciertos barrios de la ciudad puedan retornar a sus territorios.
Los barrios con concepto “Favorable” de seguridad fueron: Manrique Central y Oriental, Robledo, Caicedo, Buenos Aires, Andalucía, La Francia, Santa Cruz, Santo Domingo Savio 1 y 2, Calasanz, Alpujarra, El Salvador, San José La Cima 1 y 2, Llanaditas, Cristo Rey, Caribe y Belén.
El evento contó con la participación de representantes de las mesas municipales de víctimas, indígenas, afros, mujeres, Personería, instituciones aliadas, coordinadores de los organismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, representantes de las Fuerzas Militares y Policía, directivos de organismos gubernamentales y funcionarios de la administración local y nacional.