La Fiscalía General de la Nación anunció que le imputará cargos a Sergio Fajardo por presuntas irregularidades en un contrato suscrito entre el departamento de Antioquia y el banco Corpbanca S. A., durante su gestión al frente del departamento el 5 de diciembre de 2013.
«Las investigaciones dan cuenta de su presunta participación en los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales», según el ente acusador.
Según un comunicado de la Fiscalía, Fajardo fue el ordenador del gasto, firmó el contrato y el pagaré que garantizaba el empréstito.
«Del mismo modo tenía responsabilidad y posición de garante en las decisiones administrativas relacionadas con este contrato. Dicho contrato implicó el desembolso de setenta y siete millones de dólares (USD $77.000.000) para realizar sustitución de deudas con otros bancos», agregó la Fiscalía.
Según las estimaciones de la Fiscalía, en el momento del empréstito el dólar se cotizaba en 1.926 pesos y en 2015 el valor superaba los 3.140 pesos, por lo que la obligación contraída se tradujo en un presunto detrimento fiscal de 320.000 millones de pesos.
«Esta situación se vio reflejada en el aumento de la deuda general del departamento de Antioquia que, en su momento, pasó de 600.000 millones de pesos a cerca de 1.2 billones de pesos colombianos», comunicó la Fiscalía.
El ente acusador aseguró que los análisis técnicos, financieros y jurídicos evidenciaron la ausencia de un estudio acerca de la necesidad de suscribir el contrato, así como falta de planeación que diera cuenta de la volatilidad de la divisa. Adicionalmente, no se habría blindado la contratación a través de un seguro de riesgo cambiario.
Por estos hechos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputará al exgobernador Sergio Fajardo Valderrama los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Asimismo, compulsará copias a la Dirección Especializada contra la Corrupción para que sean indagadas las actuaciones de otros funcionarios no aforados o particulares en la celebración del mencionado contrato.