Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reprochó el incremento de la violencia de grupos armados no estatales, grupos criminales y otros elementos armados en Colombia en contra de indígenas, campesinos, y afrocolombianos, y pidió a las autoridades tomar acciones concretas para proteger a la población.
El informe detalla que en lo que va de 2020 la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia ha documentado 66 masacres, en las que 255 personas fueron asesinadas, en 18 departamentos del país. Además, la Oficina ha recibido información sobre el asesinato de 120 defensores de derechos humanos en lo que va del año.
Desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia también ha documentado 244 asesinatos de excombatientes de las Farc.
También anota que la comunidad nasa ha sido uno de los grupos indígenas más afectados, con 66 de sus integrantes reportados como asesinados en la región del norte del Cauca en 2020. El incidente más reciente ocurrió el 5 de diciembre, cuando cinco personas –incluido un excombatiente de las Farc en proceso de reintegración– fueron reportadas como asesinadas en el norte del Cauca en dos hechos diferentes. Además, el mismo día, 24 líderes y autoridades del pueblo nasa recibieron amenazas de muerte.
Igualmente relata que otro ataque reciente ocurrió el 3 de diciembre en el departamento del Chocó, donde un líder indígena, Miguel Tapi Rito, fue asesinado, lo que provocó que unas 900 personas de su comunidad –la mayoría mujeres, niños y niñas– huyeran a un pueblo cercano, donde han estado pidiendo a las autoridades del Estado que les brinde protección.
“Es trágico ver a tantas personas ser víctimas de la violencia persistente a lo largo del país. Además de estos asesinatos, las víctimas incluyen, por supuesto, a los que se quedaron, quienes permanecen casi completamente indefensos”, dijo la Alta Comisionada.
“Hago un llamado a las autoridades colombianas a tomar medidas más sólidas y mucho más efectivas para proteger a la población de esta horrenda violencia”, agregó.
“Es deber del Estado estar presente en todo el país, implementando un amplio rango de políticas públicas integrales, no solo con medidas drásticas en contra de los responsables de la violencia, sino también brindando servicios básicos y salvaguardando los derechos fundamentales de la población”, complementó.