El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, responsable de más de 80 mil crímenes confesados por los hombres del entonces ‘bloque Catatumbo’ de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), trata de hacer lo posible para no entregarles a sus víctimas la verdad que le reclaman.
Mancuso, quien cometió sus crímenes en alianza con ganaderos, empresarios, políticos y miembros de la Fuerza Pública que promovieron, financiaron y ejecutaron el plan de los paramilitares para apoderarse de millones de hectáreas de tierras en el país, guarda secretos que las víctimas esperan que salgan a la luz pública para conocer la verdad sobre la muerte de sus seres queridos.
Mancuso hizo parte de la que se conoció como desmovilización de los paramilitares, ocurrida durante el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, a través de la cual al menos 35 mil personas dijeron ser parte de esos grupos y recibieron beneficios del Estado a cambio de contar la verdad sobre sus crímenes.
Con el tiempo se conoció que muchos de los llamados ‘desmovilizados’ ni siquiera hacían parte de los paramilitares, o eran solo miembros de bandas criminales de las principales ciudades del país, a las que siguieron perteneciendo tras la fingida desmovilización.
Mancuso y otros jefes sicariales fueron extraditados por Uribe a Estados Unidos en 2008 bajo el supuesto de que seguían delinquiendo, y allí han recuperado la libertad algunos de ellos, luego de pagar suaves penas por tráfico de estupefacientes, como el narcotraficante alias el Tuso Sierra, que hoy vive en ese país libre de cuentas con la justicia.
Como él, otros jefes de sicarios de la temida ‘Oficina de Envigado’, una organización criminal ligada al narcotráfico desde la época de Pablo Escobar y que se mantiene vigente en Medellín, gozan de una vida en libertad en ese país, sin que sus crímenes hayan podido ser juzgados en Colombia.
Es lo que busca ahora la defensa de Mancuso, que solicitó el pasado lunes ante una corte de Estados Unidos que se suspenda su deportación a Colombia y se permita su traslado a Washington.
La defensa pidió además pide que se detengan todas las acciones de inmigración, que se convoque a una audiencia inmediata sobre los méritos del pedido del exjefe sicarial, así como la entrega del expediente para preparar la vista y que el peticionario sea trasladado a Washington.
Mancuso está desde hace cinco meses bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y fue trasladado el pasado viernes 28 de agosto a un centro de detención de inmigrantes próximo al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, de Atlanta (Georgia).
Los abogados señalan que si bien Mancuso reconoce que una nación soberana siempre se reserva el derecho a solicitar la extradición de un individuo a otro país y que el ICE puede cambiar el destino de expulsión de un extranjero.
Argumentan los abogados que el Gobierno esperó hasta días antes de la expulsión del peticionario para invocar la disposición raramente utilizada que parece basada en la conveniencia política, para enviarlo a Colombia.
Las víctimas esperan que, al menos por esta vez, un delincuente como Mancuso no se salga con la suya y logre evadir la justicia colombiana, privándolos a la vez de la posibilidad de conocer la verdad sobre los crímenes que cometió.