Un juez de Bogotá ordenó la detención domiciliaria de Diego Cadena, ex-abogado del expresidente Álvaro Uribe, acusado por la Fiscalía de soborno y fraude procesal, en el mismo caso que sigue la Corte Suprema de Justicia contra el exmandatario por manipulación de testigos.
La Fiscalía, que imputó a Cadena la semana pasada, argumenta que el abogado visitó en cárceles del país a exparamilitares a quienes les ofreció dinero y otros tipos de ayuda para que cambiaran su testimonio a favor de Uribe en un caso por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
El juez de control de garantías concluyó que el caso de Cadena cumple con todos los requisitos para imponer la medida de prisión domiciliaria. La Corte Suprema ordenó el martes esa medida contra el expresidente Uribe por el mismo caso al considerar que hay riesgos de que obstruya la Justicia.
Cadena, quien acepta que sí entregó dinero al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, entre otros, asegura que no se trató de un soborno sino de una «ayuda humanitaria», e insiste en que este lo extorsionó.
El juez encontró cuestionable ese argumento y aseguró que en las conversaciones obtenidas por las partes se escucha al abogado Cadena y a los testigos hablar entre risas e incluso de forma jocosa.
También cuestionó que si se trató de una extorsión del exparamilitar al letrado, hasta la fecha Cadena, con una larga trayectoria profesional, no ha interpuesto ninguna denuncia sobre los hechos.
El juez tuvo en cuenta la cantidad de veces que los testigos recibieron sumas de dinero y aseguró que en toda su trayectoria esta «es la primera vez que» ve «un despliegue humanitario de estas características por parte de un abogado».
El juez decidió dejar en libertad al abogado Juan José Salazar, socio de Cadena, quien según la Fiscalía habría participado en los sobornos.
El proceso por el que responden Cadena y Uribe comenzó en febrero de 2012 cuando quien fuera presidente entre 2002 y 2010 demandó por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe cuando el magistrado José Luis Barceló no solo la archivó sino abrió una investigación al exmandatario por supuesta manipulación de testigos.
Los testigos de Cepeda y Uribe son en su mayoría exparamilitares presos y condenados quienes han dado distintas declaraciones, de algunas de las cuales se han retractado, en las que afirman haber recibido dinero o promesas de ayuda a cambio de declarar a favor o en contra de Uribe.
Uno de los testigos es el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien testificó que el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se fundó -entre 1996 y 1997- en una hacienda de propiedad de la familia de Uribe con la participación de varias personas, entre ellas el expresidente y su hermano Santiago Uribe.
La versión que ha contado Monsalve es que en ese predio se planearon matanzas que luego cometieron los escuadrones del grupo, acusaciones que Uribe y su defensa siempre han negado. Monsalve posteriormente se retractó de esas acusaciones y dijo que cambió su testimonio por presiones del abogado Diego Cadena.