La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le entregó al Estado 14 recomendaciones para atender y brindar garantías de seguridad a los líderes sociales amenazados, hostigados, desplazados o cuya vida corre peligro.
Entre las recomendaciones se pide “redoblar sus esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz; promover una cultura de legitimación y protección de los líderes sociales para que se reconozca públicamente su papel fundamental en la construcción de la democracia en Colombia, y también, convocar a las organizaciones sociales para la creación de una política pública integral de prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales, que incluya, además, enfoques diferenciales de género, étnicos y para población LGBT”.
En la presentación del informe ‘Personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia’, la CIDH expuso la situación de peligro en la que se encuentran los líderes comunales, indígenas, afro, LGBT, campesinos y sindicales del país. Líderes como Francia Márquez, Luis Olave y Armando Valvuena compartieron sus experiencias. Piden acciones del Gobierno para “no ser una cifra más”.
La Comisión advierte que “a partir de 2017 cuando Colombia registró la tasa general de homicidios más baja en los últimos 30 años, se evidenció un aumento significativo y alarmante en el número de asesinatos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y líderes. De acuerdo con datos de la Defensora del Pueblo entre marzo de 2016 a febrero de 2017 se registraron 697 hechos violentos contra personas defensoras de derechos humanos. Entre 2018 y 2019, esta cifra alcanzó los 1.334 casos, lo que corresponde a un aumento del 52 %.
La relatora de la CIDH para Colombia, Antonia Urrejola, recordó que 442 líderes han sido asesinados después de la firma del Acuerdo de paz con las Farc en 2016 y llamó la atención acerca de que “más allá del análisis numérico, la violencia contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia persiste y por ende, hay que atender las causas estructurales y el origen que permite que esta violencia permanezca”.
Urrejola reconoce los avances y estrategias del Estado con el objetivo de hacer frente a esta situación, como, por ejemplo, la creación de la Unidad Especial de Investigación a través de la Fiscalía (UEI), proyecto financiado por la Unión Europea y que busca “fortalecer el trabajo investigativo para dar con los respon del asesinato de líderes sociales en Bogotá, Valle del Cauca, Putumayo, Meta, Norte de Santander y Antioquia”.